El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que no se obligará «a nada» ni a médicos ni a mujeres. Ha negado este mediodía que se vayan a producir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas. Una afirmación que contrasta con las realizadas horas antes por el vicepresidente, Juan García-Gallardo. El líder regional de Vox había insistido en que se iban a aplicar medidas “provida”. Y a nivel nacional se ha hecho gala desde el partido conservador de las medidas.
Fernández Mañueco, al tiempo, ha asegurado que no se obligará «a nada» a médicos o pacientes. Serán éstas las que decidirán «libremente» si precisan más información. «Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada. No se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni protocolo de Castilla y León», ha explicado.
Asimismo, el presidente de la Junta ha manifestado su «estupefacción» ante el requerimiento del Gobierno central para dar marcha atrás en las medidas anunciadas. Un documento que, por otra parte, aún no ha recibido, y que, además, aborda una cuestión sobre «la que no existe ningún acuerdo tramitándose». Por ello, ha considerado que el Ejecutivo central intenta sacar un «rédito político» del asunto, lo que ha considerado «lamentable».
Fernández Mañueco ha solicitado al Ejecutivo central que deje de hacer política con las mujeres y le ha exigido que se centre en modificar la «chapuza» de Ley del Sí es Sí «cuanto antes».
La polémica
La polémica nació el pasado jueves cuando, tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta anunciaba “un protocolo provida”. El mismo, afirmó, convertía en “obligado” para los sanitarios de la región ofrecer a las mujeres que estaban decididas a abortar algunas medidas. Estas eran “escuchar el latido del feto”, así como poder realizarse una ecografía 4D y tener acceso prioritario atención psicológica.
El viernes la consejera de Familia, Isabel Blanco, puntualizaba que se trataba de medidas a aplicar “a todas las embarazadas”. Y el sábado Fernández Mañueco parecía corregir, de manera muy liviana, a García-Gallardo. El enfrentamiento se acrecentaba cuando ayer el Gobierno central exigía la retirada de un protocolo “que pueda vulnerar los derechos de las mujeres”. Y la Junta amenazaba con medidas si se invadían sus competencias. Esto ha acabado llevando a Fernández Mañueco a asegura que no se obligará «a nada» ni a médicos ni a mujeres.
Esta mañana, lejos de apaciguar su mensaje, García-Gallardo insistía en la obligatoriedad de ofrecer dichas herramientas. Y aseguraba que le «gusta mucho» el modelo aplicado por el Gobierno de conservador nacionalista de Hungría. Y el partido, a nivel nacional respaldaba las medidas anunciadas y reivindicaba que han sido «consensuadas» en el seno del Gobierno regional. Avisaba, al tiempo, de que Vox no dará «un paso atrás» y aplicará dichas medidas allá “donde tenga responsabilidad de gobierno”. Hacía estas declaraciones el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que añadía que eran medidas que se encuentran “en el ADN de Vox”, siendo además, parte de sus compromisos electorales.
El procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha pedido el cese de García-Gallardo o el consejero de Sanidad.
