El uso de un desfibrilador en los primeros minutos de una parada cardiaca puede llegar a aumentar el porcentaje de posibilidades de éxito hasta el 70%. Sin embargo, y pese a la presencia de estos equipos en los edificios municipales, esta situación no sería posible en Miranda, según indica el Grupo Municipal del Partido Popular.
Y es que, tal y como denuncian los populares, la mayoría de los diez DESA (desfibriladores semiautomáticos) que están instalados en diferentes edificios municipales no cuentan con las revisiones periódicas necesarias que garanticen su buen funcionamiento en caso de necesidad, alegando que muchos de ellos cuentan con electrodos caducados y otros ni siquiera tienen la batería cargada, como es el caso del que está instalado en la casa consistorial.
Ante esta situación, el PP ya solicitó en pleno municipal del pasado mes de julio la revisión de estos equipos, pero no se atendió a su petición.
Esto supone una «falta de responsabilidad», ya que para los populares se trata de un tema grave al estar relacionado con la salud pública, según comentan. «Es un riesgo innecesario», añaden.
Además, advierten que el personal cualificado para hacer uso de estos equipos no cuenta con la formación pertinente para su utilización, puesto que la normativa indica que este personal debe reciclar sus conocimientos cada dos años, cuando únicamente Policía Local y Protección Civil han recibido dicha formación en el plazo estipulado.
Por todo ello, desde el Partido Popular de Miranda exigen al Ayuntamiento que se cambien las baterías que están gastadas, así como todos los parches caducados, que se celebren cursos de formación que renueven los conocimientos del personal que puede hacer uso de los DESA y que se traslade el desfibrilador del polideportivo a un lugar más cercano a las piscinas de verano; todo ello «en un plazo máximo de 24 horas».
En caso de que no se lleven a cabo las mencionadas medidas, desde el partido azul amenazan con informar a la Junta de Castilla y León para que esta realice una inspección de los equipos de desfibrilación municipales.
En caso de que la Junta considere que no se ha realizado el pertinente mantenimiento de los equipos, tal y como viene recogido en la normativa regional, podrá aplicar sanciones administrativas de hasta 600.000 euros al Ayuntamiento en función de la gravedad de la situación.
