El Observatorio de la Sanidad Pública de Miranda ha mostrado esta mañana su preocupación y rechazo a la privatización de consultas y pruebas diagnósticas con el fin de reducir las listas de espera. Un nuevo motivo, entienden, para animar a la participación en la manifestación en defensa de la Atención Primaria que tendrá lugar el próximo 26 de mayo a las 20 horas.
La plataforma indica que el Gobierno del PP y Vox en Castilla y León “apuesta por la sanidad privada” para bajar los tiempos de espera para ser atendido. “En lugar de pensar en dotar a la sanidad pública de los recursos que precisa (profesionales y medios técnicos), la Junta se decanta por impulsar los conciertos privados”, han lamentado. Una estrategia, recuerdan, que está avalada por el artículo 90 de la Ley General de Sanidad y que permite que “todos los años unos diez mil millones de euros salgan de las arcas públicas del estado hacia los bolsillos privados”.
Y es que el pasado lunes el presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, anunció un plan de choque para reducir las listas de espera en la región en 21 días en el próximo mes de año, lo que conllevaba la utilización mediante convenio de diversos recursos privados. Una posición ante la que el Observatorio se ha mostrado siempre reticente.
La crítica del Observatorio baja también al plano local, aseverando que la planificación sanitaria de los diferentes gobiernos de los últimos veinte años en Castilla y León han provocado que en Miranda “falten médicas de Atención Primaria para diez mil personas, que llevemos más de tres años sin especialistas en Dermatología en el hospital Santiago Apóstol y que cierren una planta de éste, de junio a septiembre, por falta de enfermeras”.
El Observatorio concluye que únicamente la lucha unánime de la población, “como Miranda ha demostrado históricamente”, logrará cambiar la gestión sanitaria para que acceda a las profesionales necesarias para la atención sanitaria. “Es por ello que a la vez que alentamos esta movilización continuaremos con la recogida de firmas a favor de una iniciativa legislativa popular (ILP) que modifique las leyes que lo posibilitan”.
