Vox ha presentado hoy en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de España a realizar un estudio de viabilidad sobre la reapertura y puesta en funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. La formación, que tiene entre sus principios en materia de energía lograr la “soberanía” o independencia de las fuentes energéticas exteriores, considera que la central nuclear burgalesa podría ser útil para evitar la dependencia de las energías importadas que encarecen el precio.
Así lo han dado a conocer los procuradores de la formación por Burgos, Iñaki Sicilia y Ana Rosa Hernando, quienes han augurado que contarán con los votos favorables del PP dado que “hasta ahora, todas las PNL de Vox se han aprobado sin ningún voto en contra”, ha dicho Sicilia.
La PNL de Voz también pide a la Junta que destine “cuantos recursos sean necesarios dentro de las posibilidades técnicas y de seguridad” para la reapertura de la central en caso de que esta sea “técnica y económicamente viable”. también contemplan instar al Gobierno a estudiar “un cambio de modelo energético” a nivel nacional que apueste por la energía nuclear como fuente energética “viable, constante, segura, económica y compatible con el concepto de soberanía energética”.
Las propias empresas lo descartaron
Se da la circunstancia de que, a pesar de los múltiples intentos realizados por la Junta de Castilla y León durante el Gobierno de Mariano Rajoy para revertir la decisión de cerrar Garoña, fueron las propias empresas energéticas quienes lo descartaron hace ya más de un lustro.
En febrero de 2017 (la central llevaba desconectada de la red eléctrica desde 2012) el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) presentó un informe autorizando su reapertura para así prolongar su vida útil de 40 a 60 años, hasta diciembre de 2031. Para ello eran necesarias una serie de condiciones previas y modificaciones en la instalación previas a su puesta en marcha por las que Endesa e Iberdrola descartaron en aquel instante la posibilidad.
Las dos empresas eléctricas -dueñas de Garoña a través de Nuclenor- cifraban las inversiones a realizar para reabrir y volver a poner en funcionamiento el reactor nuclear entre 150 y 200 millones de euros, algo que les llevó a calificar la reapertura de “inviable» por entender que estos costes eran «inasumibles» para una central,a demás, con un escaso peso dentro de la energía nuclear en España: el reactor de Garoña ‘solo’ representaba el 6 por ciento del total de la posible generación energética nuclear en el país con los siete reactores a pleno rendimiento.
Así pues, y a pesar de que el Gobierno de España (liderado por el PP en 2017) y la Junta de Castilla y León trataron de revertir el cierre de Garoña, fueron las propietarias de la planta nuclear quienes desistieron por motivos económicos, utilizando el visto bueno del CSN a reabrir Garoña para lograr de esa forma prolongar la vida útil de otras instalaciones como Almaraz y Ascó, con muchos más peso en la generación de energía. Así, parece complicado que las propia Nuclenor estuviera en este momento, cinco años después, por la labor de poner en funcionamiento Santa María de Garoña, para lo que necesitaría una inversión previsiblemente mayor de la precisa en 2017.
