Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras han detenido en las últimas semanas a tres ciudadanos en situación irregular en España logrando materializar la expulsión de uno de ellos.
El primero de ellos fue localizado y detenido mientras trabajaba de forma irregular para una empresa de transporte urgente. Tras ser identificado se constató que tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas y falsedad documental. Además, le constaba una orden de expulsión en vigor por condena judicial previa.
En otra de las actuaciones, llevada a cabo en compañía de funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, se efectuó una inspección en un prostíbulo de Miranda de Ebro. Allí fueron localizadas y detenidas dos personas extranjeras en situación irregular en España y con sendas órdenes de expulsión vigentes.
A la primera de ellas, con antecedentes policiales por coacciones y por acusación y denuncia falsas, le figuraba una orden de expulsión de España por condena penal.
En el mismo establecimiento se detuvo y fue expulsada de España una mujer con una orden de expulsión vigente emitida por Suiza, y antecedentes en ese país por delitos contra el orden y la seguridad pública. En este último caso se ha dado cumplimiento al Principio de Reconocimiento Mutuo entre países previsto en la Directiva 2001/40/CE, del Consejo, de 28 de mayo de 2001, que contempla que “cuando un ciudadano extranjero, sobre el que verse una resolución de retorno, es detectado en otro Estado miembro, las autoridades de este último pueden adoptar las medidas necesarias para ejecutar dicha decisión”.
El destino de las otras dos personas detenidas ha sido el Centro de Internamiento de Extranjeros, con autorización judicial, a la espera de los trámites para su efectiva expulsión del país.
Entre los objetivos principales de las unidades de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se encuentra la ejecución de expulsiones de España de ciudadanos extranjeros con antecedentes policiales y penales, o involucrados en actividades delictivas. Es lo que se conoce en el argot policial como expulsiones ‘cualificadas’.
Todas estas actuaciones han tenido lugar al amparo del convenio en vigor entre el Ministerio del Interior y el Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que coordina y regula la acción operativa en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Se trata de la segunda operación llevada a cabo en Miranda de Ebro durante el último mes, tras la reciente identificación de ocho empleados de un hotel que carecían de autorización administrativa para trabajar.
