Los 24 ayuntamientos de la provincia de Burgos adheridos al Programa Crecemos están asumiendo la gratuidad del servicio en el curso 2022-2023 sin el aumento de la financiación que anunció para este objetivo la consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, durante una visita a Villalbilla en el pasado mes de mayo.
Así lo ha denunciado el portavoz socialista en la Comisión de Acción Social de la Diputación, Antonio Miguel Araúzo, quien afirma que la diputada responsable del área, Inmaculada Sierra, ha anunciado la intención de suscribir próximamente los convenios con los consistorios adheridos sin esperar a la firma de la necesaria modificación de la adenda del Acuerdo Marco de Servicios Sociales con la Junta de Castilla y León, ante la incertidumbre de cuándo se producirá. “Sin embargo, en otras provincias, como es el caso de Soria, ya está firmada, según nos ha dicho”, añade para explicar la abstención del Grupo Socialista en la votación de esa propuesta.
En estas circunstancias, la financiación que recibirá cada participante en el citado programa será la misma que en 2021: 18.514 euros, de los que la Gerencia de Servicios Sociales aporta 14.657 y la Diputación 3.857, a excepción de un municipio que se incorporó el pasado 13 de septiembre, que percibirá 5.605 euros.
Mientras tanto, y a falta del anunciado refuerzo económico de la Junta, los ayuntamientos están obligados a garantizar la gratuidad de ‘Crecemos’, tal y como les recordaron la Administración autonómica y la provincial en sendas circulares previas al inicio del curso. De hecho, la que les dirigió la Consejería de Familia el pasado 7 de septiembre insiste en que va a incrementar la financiación del programa “con el fin de hacerlo gratuito para las familias que asisten a estos centros desde el mes de septiembre de 2022”.
Carta a los consistorios con los nuevos requisitos
En esa misiva la Junta señala que está trabajando en la modificación del Acuerdo Marco para aumentar las cantidades con este fin y advierte de que “en todo caso, la gratuidad del programa implica que los ayuntamientos a partir del inicio del curso escolar 2022-2023 no deben cobrar ninguna cuota ni matrícula a las familias por la prestación de este servicio”, salvo los servicios extraordinarios.
El Grupo Provincial Socialista censura la desidia del equipo de gobierno de la Diputación, “incapaz de reclamar diligencia a la Junta, abandonando a los ayuntamientos a su suerte”.
Asimismo, Araúzo precisa que el actual convenio solo garantiza la cobertura del coste salarial de un técnico que trabaje en el centro durante 8 horas y el abono del seguro de responsabilidad civil, “pero hay ayuntamientos que contratan a más técnicos y trabajadores, como personal de limpieza, y lo asumen por su cuenta”. Recuerda también que la Diputación retiró este año la posibilidad de que estos centros y las escuelas infantiles acudieran a la convocatoria de subvenciones para gastos de mantenimiento, “lo que añade más dificultades a los ayuntamientos”.
