Poco recorrido ha tenido la propuesta de Vox de reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña con la instalación de un nuevo reactor. El controvertido ofrecimiento de la formación no ha tenido el apoyo ni tan siquiera de sus socios de Gobierno en la Junta de Castilla y León, el Partido Popular, que solo un día después ‘desinfló’ el globo.
Fue el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien descartó apoyar la PNL de Vox al recordar que el Gobierno autonómico no tiene competencias para plantear la reapertura de Garoña. Ni tan siquiera ‘pasó el marrón’ al Gobierno central (de PSOE y Podemos), sino que apuntó a las propietarias, quienes debían tomar en tal caso la decisión. Esta empresa es Nuclenor, participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola, y que ya en 2017 renunció a reabrir la planta. Carriedo, además, desvió el foco de la propuesta de Vox hacia la realizada por la Junta de Castilla y León para prolongar la vida útil de las centrales nucleares “aún en funcionamiento”, algo que llevaron a la Conferencia Sectorial de Energía.
El jueves siguieron los reveses para Vox. En este caso, además, quizás de manera más notable, ya que supone la renuncia prácticamente expresa de quienes explotarían dicha central. Nuclenor afirmó que tras haber pasado cinco años “desde la declaración de cese definitivo de la central (a la que se llegó por la negativa de la empresa de realizar una inversión de más de 150 millones de euros)” y tras haber llevado a cabo la desconexión y desmontaje como parte previa al desmantelamiento definitivo, la reapertura de la central no sería viable.
No han acabado ahí los rechazos. Hoy mismo ha sido el sindicato Comisiones Obreras quien se ha posicionado de manera contundente en contra de la posibilidad. CCOO de Castilla y León ha tachado este viernes de «bulo de la extrema derecha» la propuesta y ha sostenido que «la propuesta de reabrir la central nuclear de Garoña es inviable técnica y económicamente», además de recordar que la empresa titular, Nuclenor, ya ha descartado esta propuesta explicando que el coste no se puede asumir porque equivaldría a los de una nueva autorización.
