El pleno de las Cortes aprobó hoy la iniciativa socialista para reiniciar los trámites de reversión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) de manera que su paso a la sanidad pública se produzca en el plazo más breve posible, mientras que Ciudadanos defendió que antes de iniciar la negociación se debe esperar a las resoluciones judiciales y el PP sostuvo que se cumplirá con ese compromiso del pacto de gobierno.

La PNL del Grupo Socialista, defendida por Jesús Puente, recibió el apoyo de Podemos-Equo, UPL, Vox y la procuradora no adscrita María Montero, mientras que el procurador de Por Ávila se abstuvo y los de Ciudadanos y PP votaron en contra, al no aceptarse la enmienda presentada por el grupo naranja para seguir trabajando en el estudio para la reversión y la creación de un grupo de trabajo. Fueron 40 síes (con el voto de una procuradora del PP que se equivocó), 38 noes y una abstención.

La aprobación de la propuesta, que pierden los socios de Gobierno, recibió el aplauso de la bancada socialista. Jesús Puente (PSOE) y Laura Domínguez coincidieron en que la construcción privada del HUBU no fue más rápida, ni más barata, ni existe una mejor gestión y el elevado canon , argumentos que compartió la procuradora de Vox Fátima Pinacho. 

“El PSOE presenta esta PNL para pedir a la Junta que frene ya el derroche de recursos”, sentenció el procurador Jesús Puente, que cifró en 2.000 millones los que van a pagar los ciudadanos de la Comunidad por el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), modelo de gestión público privado. 

Puente desgranó contradicciones como que el HUBU se iba a construir antes con recursos privados y que iba a ser más barato, pero remarcó que la realidad ha sido “la creación de un monstruo financiero” y señaló que se creó una comisión de investigación en las Cortes ante hasta lo que el actual gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, señaló como “irregularidades” que denunció en Fiscalía. 

Así, recordó las conclusiones del dictamen de la comisión de investigación entre las que consta que el HUBU acumulaba dos años después de su inauguración sobrecostes estimados en 528 millones cuando el presupuesto inicial era de 242, unido al canon que se preveía en 38 millones anuales durante 30 años, en 2013 se incrementó hasta los 71 millones y en 2020 hasta 85 millones.

Subrayó que el pacto PP y Cs para gobernar la Junta en 2019 incluía en su punto 44 el estudio de las vías de reversión de la concesión del HUBU, lo que “no se ha producido y la situación del HUBU se mantiene sin modificaciones cargando sobre las espaldas de los contribuyentes castellanos y leoneses un sobrecoste que condiciona las inversiones en materia de sanidad en toda la Comunidad desde 2012”.

En la PNL se recoge que “hay un dato claro: mantener el HUBU cuesta 80 millones al año, casi tanto como León, Salamanca y Valladolid juntos, sin que, a día de hoy, sea posible conocer qué parte de esta cantidad corresponde al canon por la construcción y qué parte a la prestación de servicios”, lo que fue rebatido por PP y Cs.

“Lo que fue un negocio en su inicio no puede ser un negocio en la reversión, defendemos la reversión pero no ha cualquier precio”, argumentó José Ignacio Delgado (Cs), que aseguró que el compromiso sigue vigente y abogó por la apertura de una negociación, pero pidió esperar a conocer la resolución de los litigios judiciales con la concesionaria.

Así, planteó una enmienda para instar a la Junta a seguir trabajando en el estudio de reversión del HUBU siempre que no suponga un coste adicional para la Junta y la creación de un grupo de trabajo formado por Junta, Cortes y concesionaria. Delgado aseguró que los 80 millones del canon incluyen inversiones, inversiones de reposición y obligaciones contraídas por las modificaciones de ampliación de la obra. 

El popular Alejandro Vázquez manifestó que la PNL del PSOE “rezuma demagogia y manipulación” cuando donde gobiernan no han revertido ningún hospital como en Cantabria, Castilla-La Mancha, Valencia o Andalucía. “El modelo no les gusta pero le utilizan donde gobiernan, puro cinismo”, calificó.

Vázquez acusó a Luis Tudanca y al PSOE de “mentir” en afirmaciones de que el centro no es público en las prestaciones sanitarias y censuró que cada vez que han ido a los tribunales han sufrido “varapalo tras varapalo”. “Imaginan lo que hubiera sido la pandemia en el antiguo hospital Yagüe”, remarcó. 

En línea con lo expresado por Cs, Vázquez subrayó que se planteó la reversión aunque no a cualquier precio y avanzó el compromiso de cumplir con ese objetivo en los 18 meses que restan de legislatura. Además, rechazó que los 80 millones sean del canon, sino que 13 son para el pago de reequilibrios de la obra, 15 para el equipamiento y 30 para mantenimiento.

“Sobrecoste es pagar más por lo mismo, como la factura de la luz”, zanjó el popular, mientras que Jesús Puente replicó con un gráfico en el que se refleja la curva al alza de los pagos del canon y con declaraciones de Francisco Igea sobre la inmediatez en la reversión del HUBU.

Puente, que no aceptó la enmienda, recordó que en Valencia se revertió el hospital de Alcira y el de Torrevieja y argumentó que su iniciativa es el cumplimiento del artículo recogido en el pacto de gobierno. “Es dar un empujón”, sostuvo, para añadir que condiciona el presupuesto sanitario de Castilla y León. “Si lo dejan pasar hasta 2036 vamos a tener un hospital en ruina”, concluyó.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, pidió la palabra para precisar que hay que esperar a la resolución judicial para ver en “qué está comprometida la concesionaria” y señaló que en Alcira terminó el contrato. “No saben a qué están comprometidos. No saben que han firmado, en manos de quién estamos. Queda clara la capacidad de Ciudadanos”, censuró el socialista. 

Vaciar recursos

“Va a ser un no parar de vaciamiento de recursos públicos hasta 2036”, inició la intervención la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, que afeó a PP y Cs que no se haya debatido una PNL suya presentada en 2019 y advirtió que no apoyan la reversión con millones a la empresa Eficanza. “El HUBU es el paradigma de como la sanidad pública se deja en manos privadas y se regala dinero a empresas”.

Laura Domínguez acusó a Ciudadanos de haber mentido por no hacer nada en dos años en que llevan en el Gobierno cuando prometieron la reversión del mismo a la sanidad pública. “Dejen de mentir”, clamó la procuradora, que insistió en que la construcción ni fue rápida, ni más barata, ni su funcionamiento.

La procuradora de Vox Fátima Pinacho manifestó que se trata de un compromiso incumplido por PP y Cs al no haber realizado el estudio para su reversión y existe un sobrecoste y un canon de 80 millones al año que resta recursos a la sanidad de Castilla y León, por lo que avanzó el voto a favor.

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