Izquierda Unida Burgos ha registrado en el Congreso de los Diputados, a través de diputados de IU, una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir un refuerzo estructural inmediato de la Administración de Justicia en la provincia de Burgos ante la situación de sobrecarga que afecta a distintos órdenes jurisdiccionales.
La formación advierte de que el problema en Burgos ha alcanzado una dimensión estructural especialmente grave en la jurisdicción social, donde los tres juzgados existentes están señalando vistas con horizontes temporales que llegan hasta 2027.
Según denuncia Izquierda Unida, esta situación ha sido agravada por la no prórroga del juzgado de refuerzo a partir de junio de 2025, lo que ha supuesto la pérdida de más de 300 señalamientos ya fijados y un impacto directo en la resolución de conflictos laborales.
La formación de izquierdas ha reclamado también un tercer juzgado en Miranda de Ebro, reivindicación «histórica» en ambas localidades y que denuncian «prometida en varias ocasiones y que sin embargo sigue sin llevarse a la práctica» . Situación que también ocurren en Aranda de Duero.
La formación señala que los juzgados de primera instancia han pasado de registrar en torno a 1.250 asuntos anuales a cerca de 2.350, lo que supone un incremento muy significativo de la carga de trabajo y pone de manifiesto la necesidad de crear una nueva unidad judicial en el Tribunal de Instancia de Burgos para evitar el colapso estructural del sistema.
Izquierda Unida también reclama el refuerzo de la Audiencia Provincial de Burgos mediante la creación de una sexta plaza de magistrado en la Sección Penal, una medida que cuenta con el aval de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y que resulta clave para mejorar la especialización en violencia sobre la mujer, menores y delitos sexuales, así como para corregir disfunciones organizativas existentes.
Asimismo, la formación denuncia la situación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos, que afronta un incremento de competencias derivado de la Ley Orgánica 1/2025 sin los recursos humanos y materiales necesarios, lo que ha sido advertido por la propia jueza decana ante el riesgo de colapso.
Desde Izquierda Unida consideran que el conjunto de estas deficiencias evidencia una situación de sobrecarga estructural que requiere una respuesta inmediata del Ministerio de Justicia, basada en la ampliación de la planta judicial y en una planificación estable de recursos.
“La Justicia en Burgos no puede sostenerse con refuerzos temporales ni con decisiones que agravan aún más el retraso acumulado. Estamos ante un colapso estructural que afecta directamente a los derechos de la ciudadanía”, señalan desde la organización.
Izquierda Unida espera que el Gobierno responda a las iniciativas registradas y concrete medidas, plazos y dotaciones presupuestarias que permitan revertir una situación que, a juicio de la formación, compromete gravemente el funcionamiento del servicio público de Justicia en la provincia.
