La Guardia Civil ha investigado a A.B.M. (30 años) y A.B.M. (27 años) como presuntos autores de un delito sobre el Patrimonio Histórico por expolio en grado de tentativa y daños en unos yacimientos arqueológicos catalogados ubicados en el entorno de Pancorbo, ayudados de dos detectores de metales para localizar los objetos y de una piqueta para hoyar el terreno.

Semanas atrás, un particular informaba a la Guardia Civil sobre la presencia sospechosa de dos personas en un yacimiento arqueológico que podrían encontrarse expoliando objetos de valor, provistos de un detector de metales.

La rápida comunicación permitió a una patrulla del Cuerpo desplazarse al enclave donde sorprendieron a dos personas que realizaban remociones de terreno valiéndose de una piqueta.

A continuación, efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil iniciaron una investigación y practicaron una inspección ocular en el lugar.

Allí descubrieron la presencia de 5 hoyos similares, con evidencias de haber sido recientemente excavados, todos ellos ubicados en unos yacimientos arqueológicos declarados, según las indagaciones llevadas a cabo.

Ambas personas procedían de una comunidad autónoma vecina, carecían de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo este tipo de excavaciones arqueológicas y tampoco la poseían para el uso de estos aparatos detectores de metales en los enclaves catalogados, por lo que fueron intervenidos.

Un informe posterior emitido por el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León en Burgos, constata la existencia de unos daños en dichos yacimientos provocados por la acción incontrolada de los furtivos.

Esto ha supuesto la pérdida definitiva e irreparable de una documentación material y científica fundamental para la investigación arqueológica y de un valor incalculable desde el punto de vista económico.

Por los hechos relatados, ambas personas han sido investigadas como presuntos autores de un delito sobre Patrimonio Histórico, instruyéndose diligencias que han sido entregadas en los Juzgados de Miranda de Ebro y Fiscalía de Medio Ambiente.

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