La comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes de Castilla y León ha rechazado la proposición no de ley (PNL) presentada por el grupo socialista, con los votos en contra de PP y Vox, donde se solicitaba a la Junta la adquisición de máquinas biotrituradoras para ayuntamientos y mancomunidades en la provincia de Burgos para poner a disposición de agricultores del territorio y para el propio servicio municipal.   

Desde el PSOE se ha justificado esta compra de maquinaria para que los pequeños ayuntamientos y mancomunidades de la provincia cumplan “de una manera más sencilla” la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. 

La procuradora socialista, Virginia Jiménez, ha explicado que la adquisición de esta maquinaria ronda dentro de una franja entre los 1.000 a los 4.000 euros por unidad, dependiendo de la marca y el modelo, “una cuantía insignificante para una administración como la Junta, pero que, por el contrario, para un pequeño ayuntamiento o una mancomunidad es un coste que no puede asumir”, ha concluido la procuradora burgalesa.     

Otro de los argumentos de la socialista es la necesidad de la lucha contra la contaminación. “Todos sabemos, o deberíamos reconocer, lo que los residuos producen de manera negativa en el medio ambiente y el suelo de nuestros campos. Frente al uso de la quema, la trituración tiene grandes beneficios y se coloca como la mejor alternativa para tratar los residuos puntuales o de manera periódica durante todo el año”.  

Por último, Jiménez ha reprochado a los partidos del gobierno autonómico “que nunca apoyan ningún tipo de iniciativa que lo único que buscan es ayudar a los pequeños ayuntamientos y respaldar al medio rural. Siento su voto en contra y espero que sean ustedes quien expliquen a los vecinos y las vecinas su decisión”. 

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