La tensión existente entre la plantilla que conforma el Cuerpo de Policía Local de Miranda de Ebro y el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, ha llegado a un punto álgido dentro del conflicto por la petición del reconocimiento de distintos complementos salariales negados por el Consistorio, llegando a la posibilidad de que el conflicto pase a ser judicial.

Una vez finalizadas las fiestas de septiembre, el edil de Seguridad Ciudadana declaró que se había producido una cascada de «bajas que no lo son» en la plantilla de la Policía Local. Ante la sospecha de que este era un movimiento de presión al ejecutivo local, el Ayuntamiento ha pedido a la inspección médica que investigue estas bajas. En total, Gómez habló de 18 bajas de 37 agentes, lo que supone un 48 por ciento de absentismo.

Es por ello que, ante las acusaciones vertidas, alguno de los integrantes de la plantilla de Policía Local que cogieron la baja durante las fiestas se plantea denunciar al concejal por difamación. Y es que desde Policía Local aseguran que las cifras ofrecidas por el concejal son «falsas», ya que un total de 11 de las bajas sufridas ya estaban establecidas antes del inicio de las fiestas dedicadas a la Virgen de Altamira, de forma que las bajas causadas durante las fiestas «descenderían a cinco o seis».

Asimismo, ante la amenaza de una inspección médica, desde Policía Local aseguran que será una buena forma de demostrar que muchas de esas bajas «van más allá de las lesiones físicas» y podrían deberse «a la presión social y laboral» que están sufriendo los agentes desde que comenzó este conflicto.

En este sentido desde la plantilla de Policía Local denuncian que el Ayuntamiento está intentando «poner a la gente en nuestra contra», en lo que para ellos supone una nueva medida de presión para que los agentes desistan en sus peticiones.

Según indican, en una reunión previa a las fiestas de septiembre Pablo Gómez se comprometió a estudiar una mejora económica en el caso de que Policía Local rebajara la tensión existente y cumplía con los turnos de trabajo establecidos, sin embargo, este nuevo choque complica una consecución pacífica de este proceso negociador.

Además, los integrantes del cuerpo valoran la posibilidad de denunciar al Ayuntamiento de Miranda por «no pagar» complementos salariales que, según ellos, vienen recogidos en el convenio.

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