Izquierda Unida ha solicitado hoy, a través de un comunicado de prensa, que se ofrezcan explicaciones “sin rodeos ni excusas” tras la denuncia, adelantada esta semana por El Correo, contra el mayor de la Policía Local por un presunto delito de acoso y prevaricación.
La formación de izquierdas asegura que la ciudadanía mirandesa merece que se le den las oportunas explicaciones sobre lo acontecido, y lamenta que el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, se haya negado a realizar declaraciones y haya adelantado su negativa a establecer cualquier investigación interna.
Asegura izquierda Unida que, en primer lugar “queremos manifestar nuestro malestar ante todo lo que rodea el proceso de nombramiento del mayor de Policía, lo que nos llevó a formular petición por escrito la semana pasada solicitando el expediente y respuestas para conocer cómo se realizó dicho nombramiento. Pregunta que aún no ha sido resuelta”, añaden desde Izquierda Unida.
“Según el Real Decreto 364/1995 que regula el ingreso y la promoción del personal público en la administración para cubrir una plaza en comisión de servicio, como es el caso, debe cumplirse que el ‘funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo’”, recuerdan.
Por ello, “la primera pregunta que tiene que contestar el concejal del área es si el funcionario en cuestión cumplía con los requisitos para su desempeño y hacerlo mediante un informe en el que se detalle y demuestre si se han cumplido los principios de publicidad, igualdad y concurrencia previa a la cobertura por comisión de servicios”. Por otro lado -añaden- y ante “tan grave acusación, como medida preventiva y de transparencia solicitamos que se active de inmediato el protocolo anti-acoso, para sin menoscabar la presunción de inocencia, prevenir y corregir cualquier posible comportamiento impropio o irregular”.
Izquierda Unida añade en su escrito que, según han podido saber, “el funcionario que en la actualidad y de forma temporal ostenta el puesto de mayor (y por tanto, el denunciado por acoso y prevaicación) fue condenado con anterioridad a 19 meses de prisión por un delito de lesiones, lo que le supuso un expediente interno y seis meses de suspensión en el cuerpo de Policía”.
Ante estos antecedentes y los presuntos hechos denunciados, que desde Izquierda Unida se catalogan de “muy graves al afectar a la función pública”, la formación considera fundamental que la Concejalía “asuma responsabilidades y dé explicaciones públicamente, contestando a las preguntas registradas debidamente”, aseveran.
Desde Izquierda Unida consideran necesaria una investigación interna, puesto que además de la denuncia y el correspondiente procedimiento judicial, “existen otras muchas cuestiones que aclarar por parte del Ayuntamiento: si se han cumplido los requisitos reglados, la idoneidad de que alguien con esos antecedentes sea mayor de Policía Local, la ausencia de aplicación de protocolos anti-acoso y el carácter grave de las acusaciones”, relatan.
Por último, la formación adelanta que estará «vigilante» ante cualquier maniobra para la cobertura de la plaza, ya que, entienden, no se adecúa a la normativa, las exigencias del puesto y el servicio que las gentes de Miranda merecen.
