El Pleno municipal del Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha aprobado este jueves de manera definitiva el presupuesto para este 2021, con los únicos votos a favor del PSOE. Estas cuentas se aprobaban de manera inicial el pasado 25 de febrero. A partir de entonces se abría un proceso de exposición pública para presentar posibles reclamaciones.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida y los sindicatos CSIF, CGT y CCOO han presentado alegaciones, que finamente han sido desestimadas tras los informes de Intervención y de Secretaría General, algo que ha suscitado las críticas de toda la oposición en bloque.

Las alegaciones de IU se han centrado en la desviación entre ingresos y gastos en las cuentas municipales. Y es que el informe de Tributos, que según advierten no se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto, prevé unos 600.000 euros de desviación en los ingresos y 500.000 euros en los gastos, con una diferencia total de 1,1 millones de euros.

Sin embargo el informe de Intervención desestima estas reclamaciones manifestando que estas desviaciones solo suponen un 1,68% del total de las cuentas municipales, una cantidad que podría subsanarse con otros conceptos de ingresos que superen las cantidades inicialmente previstas.

La falta de previsión a la hora de presupuestar las horas extra de los empleados públicos ha sido otra de las reclamaciones. Y es que solo se presupuestan 400.000 euros este año, a pesar de que en 2020 se superaron los 690.000 euros de gasto en este concepto. Cabe recordar que este año no se prevé cubrir todas las vacantes disponibles en Bomberos y Policía Local, lo que incrementará este gasto.

Por otro lado los sindicatos reclaman que el presupuesto de 2021 no contempla ni un solo euro para la elaboración del Plan de Igualdad o para cuestiones de obligado cumplimiento e impuestas por la Ley, como la realización de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) o planes de emergencia en dependencias municipales. En este sentido el Interventor asegura que a pesar de ser obligaciones de las administraciones locales, no son causa de alegación porque no se incluye el crédito necesario para abordar estas cuestiones, y las reclamaciones no se sustentan en preceptos legales.

Así las cosas, el discurso de Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos ha sido muy similar. La portavoz de la formación morada, Cristina Ferreras, ha señalado que lejos de lo que dice el Interventor, estas alegaciones sí que tienen un encaje legal, y advierte de la «subjetividad» de los informes técnicos que avalan el rechazo de estas reclamaciones.

Por su parte el portavoz del IU, Guillermo Ubieto, ha hecho hincapié también en la «ambigüedad, subjetividad, inconcreción, y falta de garantías económicas y jurídicas» de estos informes, que demuestran que las alegaciones se han rechazado por «voluntad política».

Sergio González, portavoz de Ciudadanos, ha señalado que estas alegaciones aportan mucha luz y deberían haber hecho reflexionar al equipo de Gobierno. Al mismo tiempo insiste en que los informes técnicos son «ambiguos y ponen la pelota en el tejado del PSOE», que debería haber actuado con sensatez y haber reformulando el presupuesto teniendo en cuenta estas cuestiones. En este sentido ha pedido que la aprobación definitiva se quede sobre la mesa, convocando una nueva comisión de Hacienda para revisar estas reclamaciones. Una opción que el resto de grupos de la oposición han apoyado, pero que ha rechazado el equipo de Gobierno.

El portavoz del PP, Jorge Castro, ha señalado que estas alegaciones sí tienen encaje legal y jurídico, al tiempo que ha advertido que la omisión del informe de Tributos a la hora de elaborar los presupuestos incumple el procedimiento legal, por lo que se incurre en una causa para impugnar los presupuestos. «A la vista de que se van a desestimar las alegaciones, el único camino que queda es acudir a la vía judicial. Es una opción que deberíamos considerar muy seriamente para impugnar el presupuesto, por incumplir los procedimientos legales para su elaboración», ha apuntado el concejal popular.

Por su parte el portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Ángel Adrián, ha justificado que todas estas cuestiones planteadas se han rechazado porque no están debidamente motivadas ni encajan en lo establecido en la Ley de Haciendas Locales. «Ninguna de las alegaciones cumple los requisitos para ser estimadas. Si el proponente tuviera razón, su propuesta sería estimada y se modificaría el presupuesto», advierte el edil.

Al mismo tiempo ha defendido la «independencia del Interventor y del Secretario General a la hora de rechazar estas alegaciones, asumiendo las responsabilidades que conlleva su cargo. «No hay ambigüedades en los informes», ha sentenciado.

Una vez rechazadas las alegaciones, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el presupuesto en los mismos términos de su aprobación inicial, con 11 votos a favor del PSOE, y 10 votos en contra del Podemos, IU, Ciudadanos y PP. También se aprueba la plantilla del personal funcionario de carrera y personal laboral del Ayuntamiento.

Con un importe global de 38,9 millones de euros, supone un descenso del 5% con respecto al ejercicio anterior, reduciéndose en dos millones los ingresos y los gastos a consecuencia de la ralentización económica por la pandemia. Las cuentas destinan 5,2 millones de euros a gasto social, incluyendo los programas de Servicios Sociales, la gestión del Centro Cívico y del Centro Ocupacional de Fuencaliente o la asistencia a personas dependientes, entre otras partidas. El capitulo de inversiones prevé una partida de 3 millones, para acometer obras urgentes como la reforma de la calle Arenal, la mejora de la red de Abastecimiento de Ayuelas o la reforma de la calle Romancero. También destacan otras partidas importantes como 309.700 euros para el fomento del empleo o 278.400 euros para Promoción Industrial.

El Pleno del Ayuntamiento también ha dado luz verde al convenio de Cooperación entre este Ayuntamiento y ADIF para eliminar el paso a nivel del barrio de El Crucero y ha apoyado de manera unánime la propuesta de Alcaldía para solicitar a la Junta que se mantenga al neuropediatra del HUBU.

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