El Grupo Municipal de Izquierda Unida llevará al pleno de este jueves, 18 de marzo, una moción para conocer los bienes inmatriculados por la iglesia católica en la ciudad al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley Hipotecaria entre los años 1946 y 2015.
Desde la formación ya advirtieron hade un par de semanas de la existencia de una lista de bienes inmatriculados por la iglesia entre 1998 y 2015, amparándose en la reforma de la Ley Hipotecaria realizada por el Gobierno de José María Aznar. Se trata de anotaciones registrales para los que la Iglesia Católica no necesitaba demostrar su propiedad.
En Miranda de Ebro, este documento público advierte de la existencia de 14 bienes inmatriculados en ese periodo, 11 de ellos templos y tres parcelas rústicas que según el listado fueron registradas con certificación eclesiástica, sin ningún título de compraventa ni de pago de construcción que acredite su propiedad.
Entre los templos apropiados por la iglesia en la ciudad se encuentran la parroquia de Orón, la de Suzan, la de Arcemirapérez, la parroquia de Ircio y Orón, la de Bardauri y Miranda de Ebro, la parroquia de Valverde, de San Nicolás de Bari y la del Espíritu Santo o la de Santa María y San Juan entre otras.
Según advierte la formación, muchos de estos templos se construyeron en terrenos públicos o comunales y con recursos municipales o de los propios vecinos. Por otro lado señalan que las parcelas rústicas en muchas ocasiones son o bienes de dominio público de ciudades y pueblos o incluso tierras de vecinos. De ellas en ocasiones se obtiene un rendimiento económico que podía quedar en entredicho.
Así las cosas Izquierda Unida quiere denunciar estos privilegios de la iglesia católica y señalan que «lucharán para recuperar estos bienes» para la propiedad pública salvo que se demuestre legalmente lo contrario, manteniendo en cualquier caso su uso religioso.
En la moción que defenderán este jueves, quieren instar al Ayuntamiento mirandés a solicitar las notas simples al Registro de la Propiedad, donde aparecerá la documentación aportada por los propietarios de cada inmueble, comunicando las inmatriculaciones realizadas durante este periodo.
También quieren solicitar tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno central que anule estas inmatriculaciones para devolver estas propiedades a dominio público. Todo ello, aseguran, bajo la estrecha colaboración y asesoramiento con el colectivo Recuperando que lleva años luchando para recuperar el patrimonio público.
