Los Grupos Provinciales de Partido Popular y Ciudadanos en la Diputación de Burgos, que conforman el equipo de Gobierno, han presentado una moción para garantizar el cumplimiento de los protocolos de vacunación en la provincia. De esta forma solicitan el cese de los políticos que se salten el proceso de vacunación o cometan cualquier tipo de irregularidad en el orden del mismo.
PP y Cs quieren que aquellos políticos que se salten el proceso de vacunación beneficiándose de su posición y perjudicando a las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna, no queden impunes. Por eso buscan el compromiso ético de todas las formaciones políticas con representación en la Diputación, de pedir la dimisión o destituir de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten este plan de vacunación.
Y es que se han dado comportamientos políticos «muy graves» de consejeros, funcionarios, alcaldes y miembros de equipos de Gobierno, independientemente de su sigla política, que se han vacunado frente a la Covid-19 saltándose completamente el protocolo de vacunación.
En este sentido ambas formaciones recuerdan que según el protocolo establecido por Sanidad, los grupos prioritarios de la primera fase de vacunación son residentes y personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, cosa que aún no ha ocurrido en la provincia, les siguen por orden de prioridad otro personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes.
Estas conductas irresponsables redundan en una mayor indignación y malestar por parte de la ciudadanía, que observa como este tipo de prácticas, sumado a la gran descoordinación entre el gobierno central con el resto de autonomías, atrasa el proceso de vacunación a la vez que desconoce la información real de registros y situación actual del proceso de vacunación del territorio.
PP y CS advierten de que hasta el momento en España se han administrado un millón de dosis y solo el 2,17% de la población ha recibido el suero. Sin embargo consideran que la falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio de Sanidad es incomprensible, y más si tenemos en cuenta el incremento constante de los casos de contagios y fallecidos en todo el conjunto del territorio.
Por eso urgen a un plan de vacunación nacional urgente, coordinado con todas las Comunidades Autónomas, para unificar los esfuerzos y acelerar el proceso de vacunación.
Además insisten en que son urgentes tanto la transparencia de los gobiernos autonómicos como el compromiso ético de todas las fuerzas políticas para garantizar que todo cargo que se salte un protocolo asumirá sus responsabilidades y abandonará su puesto de manera automática.
