Continúa la polémica en el enclave burgalés de Condado de Treviño. Mientras la Junta de Castilla y León obliga al municipio a seguir las restricciones y normas sanitarias impuestas en la Comunidad, su alcalde, Enrique Barbadillo, desoye estas instrucciones y mantiene las normas aplicadas por el Gobierno Vasco. Por su parte el Grupo Municipal Popular en el municipio, pide al alcalde que rectifique y tenga en cuenta las normas aplicadas por la Junta.
El regidor de Treviño hace referencia a una disposición de la prórroga del Estado de Alarma que establecía que los municipios que constituyan enclaves deberán acogerse a la normativa de la provincia que les rodea, a pesar de pertenecer a otra comunidad autónoma.
De esta forma ha emitido un bando municipal que solicita a los vecinos el cumplimiento de las medidas acordadas por el Gobierno del País Vasco en lugar de las restricciones excepcionales impuestas por la Junta para 53 municipios con alta incidencia de la Comunidad.
Así las cosas, este enclave está aplicando las restricciones vascas, como el cierre perimetral por municipios, el toque de queda a las 22:00 horas, la limitación de reuniones a cuatro personas, o el cierre total de la hostelería y la limitación de horario del comercio a las 21:00 horas.
Con esta situación, el último en pronunciarse ha sido el Grupo Municipal Popular de Condado de Treviño que, conocedores del bando firmado por el alcalde, piden su rectificación pública ante el pleno, la ciudadanía y ante los medios de comunicación.
Y es que los populares consideran que se está poniendo en peligro la salud de los vecinos de Condado de Treviño, e insisten en la «falta de rigor» de las últimas manifestaciones del alcalde de la localidad.
En este sentido recuerdan que excluyendo movilidad, reunión, perimetraje y culto que se pueden sujetar a la disposición segunda del Real Decreto de estado de alarma, los habitantes de Condado de Treviño están sujetos a medidas de ámbito de salud pública que compete a la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas especiales en materia de Salud Pública, cuya aplicación está en el ámbito de las competencias de las Comunidades Autónomas, plenamente aplicables en todo el territorio de Castilla y León incluidos sus enclaves territoriales.
En este sentido los populares advierten que si el alcalde no rectifica, tomarán «otras medidas» y y seguirán pidiendo que se depuren responsabilidades «al más alto nivel».
