La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado hoy no acceder a la adopción de la medida cautelarísima de suspensión, pedida por la Asociación de Abogados Cristianos, del acuerdo de la Junta de Castilla y León 3/2021, de 15 de enero, de restricción de aforo en lugares de culto religioso en el marco de las medidas contra el COVID19.
Esta medida cautelarísima fue solicitada para, que se dejara sin efecto, el cuerdo 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León sobre restricción de aforo en lugares de culto religioso, por situación de estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/20220, de 25 de octubre
La Sala destaca que debe rechazarse una medida cautelar de suspensión instada antes de la interposición del recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo citado, y que se pide sea acordada sin escuchar las alegaciones la Junta de Castilla y León. Añade que, en su caso, una vez que se interponga un recurso contra el acuerdo, se podrá reiterar la petición de medida cautelar.
Asi mismo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha abierto hoy una pieza separada para tramitar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para suspender el acuerdo de la Junta de Castilla y León que adelanta a las 20 horas el inicio del toque de queda, como medida de prevención contra la propagación de la COVID.
En una providencia, la Sala da un plazo de 10 días a la Junta de Castilla y León, como autora del acuerdo recurrido, para que plantee alegaciones contra la medida cautelar de suspensión solicitada. Tras recibir las alegaciones, el tribunal decidirá lo procedente sobre la medida cautelar. El magistrado ponente del recurso es Rafael Toledano.
El Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, cuya suspensión insta el Gobierno, fijó a las 20 horas como hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno dentro de las medidas para frenar la propagación de la COVID. El Gobierno ha pedido que quede en suspenso cuatelarmente mientras se tramita el recurso que han planteado contra dicho acuerdo.
