La procuradora socialista por Burgos, Noelia Frutos, ha revelado que el 80,6% de las personas fallecidas por Covid-19 en la provincia desde el pasado 14 de marzo eran usuarias de residencias de mayores. Suponen un total de 436 personas, entre las que fallecieron por la infección como causa directa y quienes mostraron síntomas.
Para Frutos, se trata de “unos datos muy dolorosos que PP y Ciudadanos se niegan a investigar”, tras rechazar en las Cortes de Castilla y León la petición del PSOECyL de convocar una comisión de investigación. “Con estos datos tan alarmantes, desde el PSOE de Burgos nos preguntamos a quién están protegiendo realmente, porque a las personas más vulnerables parece que no”, asegura la socialista.
“Podemos afirmar que las personas más vulnerables en esta pandemia no están siendo protegidas por el gobierno de la Junta de Castilla y León y, además PP y Cs ponen todos los palos posibles en las ruedas para que la ciudadanía no disponga de toda la información para poder analizar lo ocurrido en la primera ola de la pandemia y detectar los errores, que los hubo y muchos, para evitar que en esta segunda ola se produzca lo que por desgracia se dio”.
En una comparecencia de este jueves, la procuradora por Burgos se ha referido a los últimos casos preocupantes conocidos en la provincia, como el brote de la residencia de San Salvador de Oña, de la Diputación, con 8 residentes infectados, y uno de los más preocupantes, el del Centro Ocupacional El Cid, dependiente de la Junta, en el que resultaron infectados 43 residentes y 19 trabajadores. “Es por ello que hemos solicitado toda la información pertinente”, ha explicado Frutos.
Asimismo, la procuradora socialista ha expresado su preocupación ante la ausencia de compromiso de la consejera de Familia, Isabel Blanco, de aumentar las unidades de convalecencia, ante el posible cierre inminente del hospital San Juan de Dios en la capital burgalesa y la incidencia que tendría en el ámbito de los cuidados paliativos.
Para Frutos, la respuesta a la pregunta que le planteó en comisión no ofrece ninguna garantía, puesto que se limitó a decir que la Junta estudiará si es necesario el aumento de las unidades de convalecencia en caso de que ese centro cese su actividad, “cumpliendo los acuerdos del diálogo social”. “Veremos lo que vale su palabra, aunque si ponemos en la balanza la palabra dada de la Junta y su grado de cumplimiento, no sale bien parada”, sentencia.
