El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Miranda ha denunciado este viernes «graves incumplimientos de la normativa laboral» en la política de Personal del Consistorio mirandés, dirigida por la socialista Matilde Fernández. Estos incumplimientos generan la entrada de demandas de los trabajadores «mes a mes» y sentencias condenatorias contra la administración municipal.
Tan sólo en el mes de noviembre, aseguran desde la formación, el registro general del Ayuntamiento ha recibido una sentencia que condena al pago de más de 14.000 euros a una persona de la plantilla municipal por haber realizado trabajos de superior categoría, firmeza de sentencia contra el Ayuntamiento por una sanción impuesta a otra, y una demanda por incumplimiento del artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores, por una modificación sustancial unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa.
Para IU resulta significativo que dichas demandas y sentencias se produzcan siempre después de haber agotado la vía administrativa y de conciliación, es decir, que siempre se dio opción al Ayuntamiento de evitar la vía judicial en varias ocasiones. Sin embargo, pese a incumplir documentos básicos que recogen los derechos de los trabajadoras, insisten desde Izquierda Unida, «se optó por el conflicto judicial».
Para el portavoz de IU en Miranda, Guillermo Ubieto, «los hechos demuestran que el equipo de Gobierno no tiene intención de rectificar ya que sigue sin convocar las comisiones de valoración que por sentencia está obligado a realizar».
La suma de estos incumplimientos y la dinámica de las políticas de personal del PSOE suponen, insisten, agravios para plantilla, pagos de sanciones a cargo de las arcas públicas y ofertas de empleo paralizadas, negando a los vecinos la posibilidad de acceso a un empleo público.
Por todo ello desde Izquierda Unida, además de denunciar esta mala praxis del PSOE y de la concejal de Personal, solicitan explicaciones públicas y que se cumpla de inmediato con los derechos de los trabajadores recogidos en la normativa laboral y se haga un uso racional y eficaz de los recursos públicos.
«Es inadmisible que una administración municipal reciba sistemáticamente sentencias condenatorias de los juzgados por incumplir convenios y estatutos de los trabajadores, demostrando tan poco respeto por los derechos laborales, incumpliendo el principio de ejemplaridad y equidad que se le presupone», concluye el edil.
