El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha dado traslado este jueves, a instancias del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Ciudadanos, de un informe de la asesoría jurídica correspondiente a la demanda contra el Consistorio mirandés de 90 viviendas de la Ronda del Ferrocarril, Francisco Mardones y Miguel Giralt, por daños materiales en los inmuebles. En este informe se aclara que no fue posible negociar previamente con los vecinos porque la demanda está dirigida a otros actores implicados y no solo al Ayuntamiento.
El informe detalla que el Ayuntamiento tenía conocimiento de esta demanda el pasado mes de julio a través de una comunicación del Juzgado de primera instancia número 2 de Miranda. La demanda, dirigida al Consistorio mirandés y a otros actores implicados en la construcción de las viviendas, reclama unos supuestos daños materiales en el inmueble, solicitando la reparación de los mismos y de los vicios y defectos ocasionados posteriormente, así como el pago solidario de 565.460 euros más los intereses legales.
Una vez conocida la demanda, el Ayuntamiento se persona en el mes de septiembre, presentando contestación a esta demanda, sin embargo queda pendiente la contestación del resto de actores implicados, en este caso la empresa constructora y los arquitectos superiores y técnicos.
El portavoz de Izquierda Unida solicitó el pasado mes de octubre explicaciones el equipo de Gobierno sobre la situación en la que se encuentra actualmente esta demanda. Además criticaba que el Gobierno municipal no hubiese iniciado una negociación con los propietarios de estas viviendas previa a la vía jurisdiccional.
Así las cosas la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento aclara ahora que no tuvieron conocimiento de esta situación hasta que el Juzgado les remitió la demanda, en la que se adjuntaba una reclamación por parte de los vecinos. Haciendo el rastreo de la misma, comprobaron que esa reclamación se registró en el ayuntamiento en noviembre de 2019, y después fue remitida por el SAC al departamento de Obras, desconociendo qué actuaciones se llevaron a cabo después.
En cuanto a la posibilidad de una posible negociación previa a esta demanda, la Asesoría Jurídica asegura que al afectar a terceros actores implicados, «se hace imposible negociar con las comunidades de vecinos». Además dados los diversos daños reclamados y la complejidad para probar su origen y alcance, no se había podido solucionar previamente esta reclamación.
De esta forma el Ayuntamiento de Miranda sigue las instrucciones de su departamento jurídico, insistiendo en que no cabe posibilidad de acuerdo hasta que se dicte sentencia.
La alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, se ha dirigido en este sentido al portavoz de Izquierda unida, Guillermo Ubieto, asegurando que la alcaldía «quiere la máxima transparencia en este asunto» asegurando que «no se ha quedado ningún escrito».
En cuanto al contenido del informe Hernando aclara que, cuando dice que no ha tenido conocimiento del escrito, es porque Asesoría Jurídica se encarga de los asuntos cuando están en el juzgado. En este sentido insiste en que lo más importante del informe de Asesoría Jurídica es cuando explica «por qué no es posible negociar para llegar a un acuerdo».
