El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Burgos ha emitido ya el fallo judicial que desestima la expropiación de uso público en superficie de la zona libre privada de Torre de Miranda, dando la razón a los vecinos. El Ayuntamiento de Miranda de no ha tardado en pronunciarse, asegurando que han atendido en todo momento los informes técnicos y jurídicos favorables para seguir adelante con el proceso.
Esta misma mañana el Grupo Municipal de Ciudadanos solicitaba al equipo de Gobierno y a la alcaldesa, Aitana Hernando, que abandone la batalla judicial con los vecinos de la zona tras conocer el fallo del juzgado.
La Junta de Gobierno Local aprobó en diciembre de 2018 el proyecto de expropiación de la servidumbre de paso que afecta a este edificio. Un proyecto, recuerdan desde el Consistorio, a petición de los vecinos de la comunidad de garajes de Estación, 23, y que actualmente está en fase de estudio por parte de los servicios jurídicos municipales.
Sin embargo los vecinos de Torre de Miranda interpusieron recurso para declarar nulo este acuerdo y el Ayuntamiento por su parte solicitó la inadmisión de este recurso. Finalmente el fallo conocido hoy, al que ha tenido acceso este medio, da la razón a los vecinos y estima su recurso, rechazando la causa de inadmisión presentada por el Consistorio mirandés, condenándole a pagar las costas procesales.
En este sentido, la concejal de Urbanismo, Soraya Solórzano, quiere resaltar que el procedimiento “ha atendido en todo momento a lo indicado por parte de los servicios técnicos y jurídicos municipales siendo todos sus informes favorables y de acuerdo con la petición de expropiación tramitada por parte de los vecinos de calle Estación, 23”. Es por ello que edil socialista rechaza absolutamente las acusaciones de “arbitrariedad cuando en todo momento se ha actuado con fundamentos para ello”.
En este sentido recuerda que la sentencia, que desestima la expropiación, se encuentra en estudio, ya que al no ser firme aún, cabe la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y esta es una opción que se tiene que valorar por los servicios jurídicos municipales.
“Tal y como hemos hecho a lo largo de todo este procedimiento, nos apoyaremos en ese criterio jurídico una vez más, y al mismo tiempo para adoptar las actuaciones que se entiendan convenientes llevar a cabo en este asunto», ha señalado la concejal.
Al mismo tiempo ha señalado que el Ayuntamiento «lo que siempre ha pretendido es dotar a esa zona de una ordenación más segura, y no suprimiendo la posibilidad de acceso, sino cambiándolo por calle Recoletas. De esta manera quedó recogido en el PGOU”, concluye Solórzano.
