El Partido Popular va a presentar en el Senado una disposición especial para incluir un nuevo artículo en el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética que permita priorizar la contratación de personal y empresas del entorno de la Central Nuclear de Garoña, en Las Merindades. Así lo han anunciado esta mañana en Burgos, antes de una jornada de trabajo con las empresas responsables de la gestión actual y futura de la central, los senadores populares Javier Lacalle y Cristina Ayala.
Aunque priorizar al personal y empresariado local pueda parecer algo lógico, el hecho de que la empresa encargada del desmantelamiento de la central nuclear durante los próximo “diez o doce años”, Enresa, sea pública imposibilita esta opción, ya que la legislación obliga a la compañía a someter las contrataciones y adjudicaciones de diferentes trabajos a un concurso público al que pueden acceder personas de toda España. Esta disposición adicional, que sería la undécima bis y tras ser presentada por Lacalle y Ayala ha contado con el apoyo del grupo popular en el senado, permitiría a Enresa tener, pues, un “instrumento jurídico” para poder priorizar a trabajadores locales. “Nos preocupa el empleo, porque en estos momentos en la central nuclear, entre trabajadores de Nuclenor (empresa gestora de la planta) y subcontratas, hay 230 empleados del entorno”, ha recordado Lacalle. Un elevado número de ellos residen en Miranda.
La ley de Cambio Climático y Transición Energética se encuentra en su fase final de aprobación, tras haber recibido el visto bueno del Congreso de los Diputados, y los populares creen que podría entrar en vigor este mismo mes de mayo, por lo que aprobar la enmienda popular sería un paso adelante muy importante de cara a la consolidación del empleo en la zona de referencia de Garoña, cuya central comenzará a desmantelarse en breve tras anunciarse en 2012 su cierre.
Los senadores por Burgos del Partido Popular han acudido al entorno de Santa María de Garoña para reunirse con responsables de Nuclenor y Enresa y conocer de primera mano todo el proceso aparejado al fin de la actividad de la planta nuclear con la vista puesta en conocer el proceso, mostrar su preocupación por el empleo de la central y mostrar su preocupación por la falta de concreción en el desarrollo del llamado ‘Plan Garoña’, que “diez años después de que Rodríguez Zapatero anunciara el cierre de la planta, sigue siendo un plan ‘no nato’, ha afirmado Lacalle. A este respecto ha anunciado que se realizarán diversas preguntas parlamentarias para conocer el punto en el que se encuentra y la forma en que puede ayudar a los municipios más afectados por la “decisión política” de no prorrogar la vida útil de Santa María de Garoña.
