El 55% de los mayores alojados en residencias de la provincia de Burgos estuvo expuesto al coronavirus de manera directa y un 29% de los trabajadores de estos centros resultó afectado durante los meses más duros. Son solo parte de las “estremecedoras” conclusiones del informe de gestión de los centros residenciales que presentó la Junta de Castilla y León el pasado 30 de septiembre, a petición socialista, dentro del Pacto por la Reconstrucción que PP y Ciudadanos están incumpliendo, según ha explicado este martes la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña.
En su comparecencia junto a la coordinadora del área de Familia del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, y la procuradora por Burgos Noelia Frutos, ha exigido a la Junta que fortalezca el modelo residencial público y que incremente el número de plazas públicas disponibles, que en la provincia son el 27,6% del total de las 6.978 existentes. “Llevan 30 años sin generar una plaza pública y no todas las familias se pueden permitir acudir a un centro privado”, ha subrayado.
Del mismo modo, pide transparencia para proteger la salud de trabajadores y usuarios de los centros residenciales, en donde ha destacado la profesionalidad de los empleados, que, como reconoce el propio informe de la Junta, se han tenido que enfrentar a la pandemia con graves deficiencias y carencias.
El documento incurre en varias imprecisiones, como ha destacado Frutos, quien además, subraya el hecho de que, a fecha de 15 de septiembre del presente año, solo se ha hecho el cribado del 71% de los residentes y trabajadores.
Según ha resumido la procuradora socialista por Burgos, esta memoria detalla que en la provincia hay 1.923 plazas públicas (27,6%), 2.402 plazas privadas sin ánimo de lucro (29,4%) y 3.103 plazas privadas con ánimo de lucro (43,2%). Entre todas, suman 6.978.
La relación de centros públicos-15, también es inferior a la de privados: 50 con ánimo de lucro y 32 sin ánimo de lucro y la tasa media de ocupación alcanza el 89,7 y la de morbilidad entre residentes fue del 18,1% en la primera ola.
Según este informe, desde el inicio de la pandemia, 3.468 residentes (40 centros) estaban infectados, esto supone el 55% del total. Burgos es la cuarta provincia más afectada en Castilla y León con un 41% de los centros con afectados y la mayor incidencia se registró en centros urbanos o próximos a este entorno.
El documento refleja que entre el 10 de mayo y el 30 de junio, hubo 170 fallecidos por covid-19 en residencias de burgos; 109 con síntomas compatibles y 415 por otras causas. Y entre los trabajadores se registraron 3.816 contagiados en esas fechas.
Dada la gravedad de la pandemia, la Junta movilizó 7445 trabajadores, 34 funcionarios y 711 laborales. Además, se supervisaron 88 residencias y se realizaron 162 informes de comprobación por personal de la gerencia del equipo covid de las residencias, Médicos sin Fronteras o la UME. En total, en la provincia, se incoaron dos expedientes a sendos centros residenciales por infracciones graves, aún en tramitación. La procuradora socialista ha criticado también la falta de transparencia y el oscurantismo de la Junta en relación a los centros residenciales.
En este sentido el Partido Socialista está dispuesto a llegar hasta el final para conocer los detalles de la gestión de la Junta en los centros residenciales durante la pandemia, porque el informe que solicitó para conocer el diagnóstico de posibles errores y puntos a mejorar no se corresponde con el que la Consejería de Familia ha entregado.
Las explicaciones de la consejera Isabel Blanco en su comparecencia de la semana pasada tampoco convencen, según la procuradora socialista, quien ha criticado la “frivolización” del documento, que habla de que un 80% de los centros residenciales no tuvieron Covid-19 y de que en el 20% hubo fallecidos por este virus. “Es decir, que donde entró, hubo muertes”, ha sintetizado.
